Liberalización, régimen militar y comité directivo en el Banco

Chile cambia su unidad monetaria para enfrentar la devaluación del escudo, regresa al nombre Peso luego de casi dos décadas. Al mismo tiempo, se promulgó la cuarta Ley Orgánica (LO) del Banco Central que estatizó su capital y reafirmó al Comité Ejecutivo como reemplazo del Directorio. Además, suprimió el curso legal del oro, amplió créditos a bancos de fomento y limitó préstamos al fisco. Internamente, el Banco Central fue reestructurado, se eliminaron divisiones redundantes y se reemplazó la planta gerencial por profesionales.

El DFL 3001 modifica la Ley Orgánica (LOC) del Banco. Esta modificación prohibió al Banco Central conceder créditos al fisco, lo que impidió que actuara como fuente de financiamiento del gobierno. El mismo año, se fijó la paridad cambiaria del peso con el dólar, lo que dio estabilidad al tipo de cambio. Por último, se estableció una línea de comunicación telefónica entre el Banco Central y la banca, lo que mejoraba la transmisión de información y facilitaba la toma de decisiones. Estas reformas buscaron corregir los excesos de financiamiento fiscal que habían tensionado al Banco durante décadas, aunque la fijación cambiaria que las acompañó se transformaría pronto en una nueva fuente de vulnerabilidad.

En su rol de acreedor de última instancia, el Banco Central ejecuta acciones ante la crisis económica. Invervino en la banca privada, compró carteras morosas y asumió la deuda derivada del rescate a las cuentas y ahorros de las personas. Además, implementó políticas para aliviar la situación de los deudores, como la aplicación de tipos de cambio preferenciales, la reprogramación de créditos y la redenominación de deudas. Estas iniciativas contribuyeron a estabilizar el sistema financiero, pero también ocasionaron pérdidas significativas del capital del Banco y llevaron la inflación a niveles cercanos al 20%.

Comienza a publicarse el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC), una de las principales estadísticas elaboradas por el Banco Central. En 1981, el Banco asumió la producción de las estadísticas de Cuentas Nacionales, es decir, del PIB desde sus tres enfoques: producción, gasto e ingreso.  El IMACEC surge como una extensión del sistema de cuentas nacionales para ofrecer una estimación mensual del PIB por sector económico, con el fin de entregar una visión más precisa y actualizada de la realidad económica del país. Esta información es fundamental para diversos tomadores de decisiones tanto en el sector público como privado.

El Banco Central adquiere un terminal conectado a la red internacional de comunicaciones financieras de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Esta modernización mejoró notablemente la rapidez y seguridad de las transacciones interbancarias globales. La adopción del sistema SWIFT facilitó la integración del país al sistema financiero internacional y a los programas de recuperación tras la crisis.

Se promulga una nueva ley de bancos, la cual da por concluida la rehabilitación del sistema financiero tras la crisis del 82. Introdujo cambios en regulación y supervisión: separó actividades financieras y no financieras, impuso requisitos de solvencia para nuevas licencias y reestructuró la evaluación de capital considerando pérdidas de cartera. Implementó mecanismos para mitigar la inestabilidad, proteger el sistema de pagos, transparentar la información y enfocar la supervisión en riesgos de crédito. En consecuencia, se reafirmó el rol supervisor del Banco Central sobre el sistema financiero.

Entre 1986 y 1987, el Banco Central recibe un total de 224 obras como forma de pago de la deuda ocasionada por el rescate de la crisis del 82, por parte de instituciones financieras que se encontraban en quiebra: Banco de Talca, Banco Unido de Fomento y Banco Hipotecario de Chile. Hoy, el BC resguarda una pinacoteca con 314 obras de arte chileno de los siglos XIX y XX, lo que lo convierte en una institución responsable en la conservación y difusión del patrimonio artístico del país.

Se promulga la ley 18.840, la quinta Ley Orgánica del BC, que consolida su autonomía como encargado de la estabilidad monetaria y financiera, y le da rango constitucional por primera vez. Para asegurar su autonomía, se creó un Consejo de cinco miembros, designados por el Presidente de la República, aprobados por el Senado. Cada consejero es nombrado por 10 años y cada dos años termina el periodo de uno de ellos, asegurando una renovación parcial del consejo. De esta forma, ningún Gobierno puede nombrar a todo el consejo, reforzando la autonomía del Banco frente al ejecutivo. Además, limitó facultades crediticias solo a bancos, e impuso obligaciones de coordinación con el gobierno y de transparencia, mediante informes anuales y la publicación de estadísticas macroeconómicas.